Propone Diputada que agresores y deudores
alimentarios no accedan a cargos públicos

Elevar los estándares de ética y responsabilidad pública fortalece la cultura democrática: Maribel
Ramírez Topete

Xalapa, Ver., 29 de septiembre

Durante los trabajos de la Sexta Sesión Ordinaria, la diputada Maribel Ramírez Topete
presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Veracruz, con la finalidad de elevar los estándares de
elegibilidad para puestos del servicio público estatal y municipal, haciendo prevalecer la
protección de las mujeres ante cualquier tipo y modalidad de violencia hacia ellas.

En el uso de la voz, la presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género
de la LXVI Legislatura reconoció que la violencia contra las mujeres puede ser ejercida
también por funcionarios al servicio público y/o autoridades con responsabilidades
políticas y legales, “de ahí la importancia de legislar de manera específica robusteciendo
la normativa en cuanto a los requisitos a cumplir por los aspirantes a un cargo público”,
añade.

Para tal fin, la propuesta prevé retomar la iniciativa “3 de 3 contra la violencia”
implementada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2020, la cual consiste en que las
y los aspirantes a una candidatura no cuenten con supuestos de condena o sanción por
violencia familiar y/o doméstica, violencia sexual, o por incumplimiento de las obligaciones
alimentarias.

Destacó que no ha sido fácil el camino para que las mujeres ganen espacios de decisión
en igualdad sustantiva; sin embargo, agregó, “mucha de esta labor se ha realizado por
grandes feministas, una de ellas la Yndira Sandoval, quien es inspiración para replicar
esta iniciativa que constituye un avance fundamental y significativo en los derechos de la
mujer y la lucha contra la violencia de género”.

De esta forma, señaló la Diputada, “es impostergable que quienes se encuentran al
servicio público en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los
Organismos Autónomos del Estado y las administraciones municipales, no cuenten con
condenas de violencia de género en cualquiera de sus tipos y modalidades”.

Lo requisitos de elegibilidad propuestos en la iniciativa –expresó- deben extenderse al
servicio público toda vez que está relacionado con el modo honesto de vivir y
desenvolverse al servicio de ciudadanía. “Elevar los estándares de ética y responsabilidad
pública, así como la generación de criterios de exigencia ciudadana hacia las autoridades,
fortalece la cultura democrática”.

En este sentido, indicó que para garantizar la eficacia de la propuesta, las instancias
encargadas de registrar las candidaturas, designación, nombramiento y reclutamiento de
las y los servidores públicos a cualquier cargo o puesto público, deben allegarse de
información que genere suficiente convicción, a fin de avalar que las y los aspirantes
cumplan con los requisitos de elegibilidad para los puestos de elección popular, procesos
de selección, ingreso, reingreso, reincorporación, promoción, ascenso y designación de
servidores públicos.
“En una verdadera democracia, no basta con ser un funcionario eficiente, sí se es
acosador sexual; no basta ser un servidor público destacado, sí se es agresor por
razones de género; no basta ser un legislador, un juez, un alcalde o un magistrado
honrado y sin vínculos de corrupción, sí se es deudor de pensión alimenticia, pues ante
esto último, debe protegerse el interés superior de las y los menores”, puntualizó.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas
de Justicia y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género. Se adhirieron el
Grupo Legislativo de Morena, así como las diputadas Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre
y Nora Jéssica Lagunes Jáuregui y el legislador Othón Hernández Candanedo.

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