Presenta Diputado propuesta para agilizar
resolución de juicios laborales

Xalapa, Ver., 22 de septiembre

Propone Ramón Díaz Ávila armonizar la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz con la
Ley Federal del Trabajo.

Para evitar ambigüedades respecto a salarios vencidos y, al mismo tiempo, cumplir y
garantizar los derechos laborales y el derecho a una justicia más ágil en materia laboral
para los trabajadores, el diputado Ramón Díaz Ávila presentó una Iniciativa con Proyecto
de Decreto que reforma el Artículo 45 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de armonizarlo con el Artículo 48 de la Ley Federal
del Trabajo y el 43 del mismo ordenamiento local.
En el texto de la propuesta, el legislador señala una contradicción los artículos 43 y 45 de
la citada ley en relación con los juicios sobre los salarios vencidos promovidos por
trabajadores que hayan sufrido despido.
Advierte que, mientras el 43 señala que el afectado “tendrá derecho al pago de salarios
vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce
meses”, el 45 establece que serán “los salarios vencidos que se causen desde la fecha de
separación hasta que se pague la indemnización”.
Es decir, mientras en el primero se señala el pago de salarios vencidos hasta por un
periodo de un año, en el otro queda abierto hasta que se pague la indemnización. El
Diputado considera en su iniciativa que los efectos de la duración de estos juicios, que en
promedio se resuelven en un lapso de cuatro años, perjudican a ambas partes, tanto al
trabajador como a la entidad pública.
Ramón Díaz Ávila explica que su propuesta busca el establecimiento de un límite a la
generación de salarios vencidos, combatir la indebida práctica de prolongar a través de
argucias legales la duración de los juicios laborales, concientizar a las partes involucradas
en el litigio a dirimir en un corto plazo, a través de la vía de conciliación, y desahogar
futuras controversias laborales.
“Con esta reforma, contribuiríamos a dar una mayor agilidad y resolución en las
demandas, ya que al establecerse el pago máximo de doce meses desde el momento de
la separación del trabajador, generaría una posición equilibrada que motivaría a las partes
poner fin de manera pronta al procedimiento”, señala el legislador.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social

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