Desfalcos millonarios en la administración yunista deben castigarse: Gómez Cazarín

– Irregularidades en el manejo de más de 32 millones de pesos por fondos federales, denuncia SEDESOL

– Lucraron con la infraestructura social, cancelaron el derecho a la vivienda de las y los veracruzanos, lamenta Coordinador de JUCOPO

Xalapa, Veracruz

En Coatza
“Increíble, cómo se siguen destapando más y más posibles actos de corrupción de la administración anterior, se enriquecieron a costa del pueblo y hay que castigarlos”, así manifestó su malestar el Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, respecto a la denuncia que presentó la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntas irregularidades en el uso de fondos federales durante el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

De acuerdo a la información aportada, explicó, se desprenden obras inconclusas por 32 millones 427 mil 527 pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) que supuestamente fueron reportadas como finalizadas pero su avance apenas llega al 40 por ciento, relativas al contrato de obra número SEDESOL/DGMCV-LP-OP-006/2018, “la simulación fue el sello característico del yunismo”.

“Es una situación absolutamente reprobable, con ese recurso se iban a construir cuartos-dormitorios para la población de Acayucan, Chinameca, Jesús Carranza, Mecayapan, Oluta, Pajapan, Sayula de Alemán y Zaragoza, gente a la que se le negó su derecho a la vivienda”, lamentó el diputado de MORENA.

“Exigimos que las autoridades hagan justicia y sancionen con todo el peso de la Ley al o los responsables, no podemos permitir que esta clase de hechos cancelen el futuro de las y los veracruzanos, intereses mezquinos de la administración anterior que no se consentirán”, añadió.

Por lo tanto -aseguró-, su absoluta solidaridad con el titular de la SEDESOL, Guillermo Fernández Sánchez, por la interposición de la denuncia, “lo respaldamos porque se atrevió a levantar la voz ante este probable daño patrimonial y atentado al servicio público”.

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