La adjudicación directa en 2019, el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aumentaron con respecto a 2018, el último de la administración de Enrique Peña Nieto, señaló la investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Fernanda Avendaño.
presentaron un análisis de los más de 350 mil procesos de compra registrados en Compranet, que es el sistema electrónico de compras federales, de 2019 y 2018, con el fin de analizar cómo son las prácticas de compras públicas en el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto al último de Enrique Peña Nieto.
“Nos encontramos, y por eso el nombre del estudio es ‘Competencia: la gran ausencia’, porque justamente es lo que nos costó encontrar en este análisis”.
Fernanda Avendaño apuntó que observan un porcentaje del monto adjudicado directamente de casi cuatro de cada 10 pesos por este tipo de procedimientos, lo que limita la competencia porque deciden adjudicar directamente a la empresa o al proveedor que va a proveer el bien, y por otro lado, se deja de lado la licitación pública y los concursos.
La entrevistada dijo que “el 80 por ciento de los contratos se adjudican de manera directa, mientras que entre el 10 y 13 por ciento son contratos de licitación pública”.
En este sentido, apuntó que “contratos pequeños por adjudicación directa están permitidos en la ley y a veces son necesarios, sin embargo la diferencia está en el monto”.
“De 2018, que el monto era de 35 por ciento directamente, aumentó a 39 por ciento en 2019, y la licitación pública, el monto bajó de 58 por ciento a 46 por ciento en 2019”, detalló.
La investigadora del IMCO indicó que en 2019 también hay una caída de 12 puntos porcentuales con respecto a 2018 en el monto por licitación pública, y un aumento de 4 puntos porcentuales en la adjudicación directa, “procesos que por ley deberían ser la excepción y que ahora son la regla de contratación del gobierno federal”, añadió.
Por todo lo anterior, Fernanda Avendaño apuntó que son necesarias las modificaciones a la Ley de Adquisiciones para reducir las excepciones por las que se puede decidir cuándo hacer una adjudicación directa.
“Que estos motivos se reduzcan y se limiten porque actualmente son ambiguos, subjetivos y laxos”, afirmó.
La entrevistada advirtió que si no se reducen las razones por las que se puede realizar una adjudicación directa y la ley se mantiene tal cual está actualmente, es grande el riesgo de que estos procesos se mantengan.
Asimismo, alertó que la “adjudicación directa representa riesgos de corrupción y de planeación”, pues no se puede asegurar que si se adjudica directamente un contrato se cumplan las condiciones de calidad y precio.
“También es importante que cuando sí es necesario o adecuado hacer una adjudicación directa, la generación y publicación de documentos que incluye desde la cotización de proveedores hasta la justificación y el contrato de la adjudicación, debe ser obligatoria su publicación y no únicamente los datos relevantes del contrato”.
Y enfatizó que se debe de establecer un umbral para exceptuar los procesos de licitación pública, es decir, que las adjudicaciones directas en el monto y suma total no rebasen el 30 por ciento del presupuesto que tienen las dependencias para realizar compras